Refuerzo de $15.000, nuevo plan apoyado por Anses para desocupados

Actualmente hay varios proyectos de ley en discusión que buscan garantizar un ingreso base a los sectores vulnerables.
Juliana Di Tullio presentó una iniciativa que propone crear la Ley de Refuerzos de Ingresos. Dicha normativa reduciría la indigencia garantizando el acceso a una adecuada alimentación.
El monto cobrado sería equivalente a la canasta básica alimentaria de un adulto. Su actualización se aplica de forma trimestral. En el mes de junio, dicho valor se ubicó en $15.057.
Al momento se presentar la propuesta se presentó un comunicado. En él se destaca que tiene el apoyo de la titular de Anses, María Fernanda Raverta. Sin embargo no se menciona al Ministro de Economía, Sergio Massa.
Esta presentación se hace durante el reclamo de la unidad piquetera por un bono de $20.000 para desocupados. Este pedido también es para los jubilados y pensionados, quienes recibirán un plus de $7.000 por tres meses.
Además sigue en discusión la creación del salario básico universal. Su creación quedó en evidencia tras la inscripción al ingreso familiar de emergencia (IFE).
La normativa propone que los pagos del refuerzo de ingresos estén a cargo de Anses. Para llevarlo adelante se planea la creación del Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi).
El proceso de inscripción y otorgamiento estaría a cargo de Anses. Los interesados en anotarse deberán hacerlo desde su página web. Para habilitar el pago se llevaría un cruzamiento de información con otros organismos.
Los beneficiarios deberían cumplir con controles anuales de salud. Se estima que un millón setecientos mil adultos podrían recibir este subsidio.
Los requisitos para cobrar el refuerzo serían no tener ningún ingreso. Es decir, no cobrar un salario registrado, prestación, jubilación ni plan social. Tampoco podrían tener ningún bien registrable a su nombre.
La edad del solicitante debería ser de 25 a 59 años para las mujeres. En el caso de los hombres iría de 25 a 64. El pago se haría por el plazo de un año con la posibilidad de renovación.
Esta medida tendría un costo fiscal del 0,09 del Producto Bruto Interno (PBI) para 2022. En 2023, el mismo se elevaría al 0,44.
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